No existe un registro fiable de la cantidad de empresas de seguridad privadas en México, ni de los guardias que estas contratan, pero sí hay indicios de su colusión y participación en crímenes.
Según un informe encargado por la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) de México al Centro Robert Strauss Center para la Seguridad y el Derecho Internacional, de la Universidad de Austin (Texas), el mundo de la seguridad privada ha crecido más en México que las policías regulares.
Octubre de 2017, las autoridades llevaban un registro de 4.587 empresas de seguridad privada en los distintos Estados de la República, de los que sobresalían la ciudad de México, Nuevo León, el Estado de México y Jalisco. Las empresas de seguridad privada crecieron más en zonas muy activas económicamente, en el norte y centro del país.
El informe, publicado en abril de 2018, indica que los guardias de seguridad privados superarían al número de policías existentes en 2017, que de acuerdo con el INEGI son unos 330.000 efectivos.
Otro detalle que se señala de esta dinámica de crecimiento exponencial de las empresas privadas de seguridad es que son el destino natural de muchos policías y militares, una vez que dejan de servir en las filas públicas.
El 30 de noviembre de 2018, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal”. Dentro de los cambios efectuados se adicionó el artículo 30Bis por el que prevé las funciones de la nueva Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)
Las nuevas funciones para la SSPC son las siguientes:
XIII. Otorgar a las autorizaciones a empresas que presten servicios privados de seguridad en dos o más entidades federativas, supervisar su funcionamiento e informar periódicamente al Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre el ejercicio de esta atribución.
El lado negativo, es que estas empresas y sus guardias han sido acusadas de múltiples delitos mientras cumplían sus funciones de seguridad pública.
El mas reciente es el de una persona acusada falsamente de haber robado un monedero, fueron conducidos a un módulo de seguridad, a cargo del Cusaem, donde la desnudaron y la obligaron a hacer sentadillas, luego de lo cual fue agredida tumultuariamente con puños, patadas, jalones de cabello y toques eléctricos. Los agresores le exigían que entregara a sus supuestos cómplices, ya que no encontraron el objeto reclamado por dos mujeres que previamente habían golpeado.
En conferencia de prensa, la víctima detalló las torturas y el maltrato verbal a manos de los miembros del Cusaem, un cuerpo de seguridad privado que ejerce como corporación de seguridad pública –creado durante la gestión de Peña Nieto como gobernador– y al que se destinaron fondos millonarios para resguardar instalaciones públicas. (Proceso)
CUSAEM es una empresa que puede verse comúnmente en las oficinas de Gobierno, haciendo tareas de seguridad pública. Tiene un nutrido historial de denuncias por gatillo fácil, secuestro, y extorsión. También ha sido denunciada por atacar migrantes en tránsito por México.
El caso de Nancy Saavedra demuestra cómo la impunidad reina también para los delitos que cometen los guardias privados. Que, en la situación descrita, estaban al servicio del Estado.
Se les entrega responsabilidades y poder a personas que no poseen una formación en seguridad pública. Esa falta de preparación y atribuciones ha llevado a cometer diversas violaciones de derechos humanos y atropellos a la población por su formación represiva.

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